Tema 9. Las fuentes del derecho administrativo (II). El reglamento: concepto y clases. La potestad reglamentaria: fundamento, titulares y límites. Procedimiento de elaboración de los reglamentos. 1. Los reglamentos son disposiciones normativas: a) De carácter general. b) De rango inferior a la ley. c) Que emanan del poder ejecutivo en virtud de su potestad reglamentaria. d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 2. ¿Qué característica comparten las leyes y los reglamentos? a) Que ambas son normas jurídicas. b) Que ambas emanan de la voluntad popular. c) Que ambas emanan del ejecutivo. d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 3. Señala la respuesta correcta en relación con el reglamento: a) Los decretos legislativos son reglamentos. b) El reglamento es controlable por el poder judicial. c) El reglamento puede dejar sin efecto una ley o contradecirla. d) El reglamento puede suplir a la ley en los casos recogidos en la Constitución. 4. Indica cuál de las siguientes respuestas es la incorrecta en relación con los reglamentos: a) El control de las normas reglamentarias dictadas por la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. b) La entrada en vigor de los reglamentos aprobados por el Gobierno de la Nación requiere su publicación íntegra en el Boletín Oficial del Estado. c) De acuerdo con la Ley 1/2019, de 31 de enero, de Gobierno de las Illes Balears, en casos de urgencia y de forma excepcional, la entrada en vigor de determinados reglamentos aprobados por el Consejo de Gobierno requiere únicamente su publicación en extracto en el Boletín Oficial de las Illes Balears. d) Los reglamentos dictados por las entidades locales han de publicarse en el boletín oficial que corresponda. 5. Señala la respuesta incorrecta. Tradicionalmente, los reglamentos se clasifican: a) Por el sujeto del cual proceden: estatales, autonómicos y locales. b) Por sus efectos: jurídicos y normativos. c) Por su relación con la ley: ejecutivos, independientes y de necesidad. d) Las respuestas a) y c) son correctas. 6. Los reglamentos pueden definirse: a) Como cualquier disposición jurídica de carácter singular dictada por la Administración pública y subordinada a la ley. b) Como cualquier disposición jurídica dictada por el Gobierno y la Administración en virtud de la delegación normativa efectuada a su favor por las Cortes Generales. c) Como cualquier disposición jurídica de carácter general dictada por el Gobierno y la Administración pública, subordinada a la ley. d) Como cualquier disposición administrativa dictada en el seno de un procedimiento, con efectos erga omnes. 7. Los reglamentos independientes se caracterizan por ser: a) Los que regulan materias sobre las que la Constitución ha previsto expresamente una reserva reglamentaria. b) Los que regulan materias en las que no se ha producido una previa regulación por ley y que no están protegidas por reserva material de ley. c) Los que regulan materias sobre las que la Constitución ha previsto expresamente una reserva reglamentaria, así como aquellos que regulan materias en las que no se ha producido una previa regulación por ley y que no están protegidas por reserva material de ley. d) En España no puede haber reglamentos independientes, dado que la Constitución no ha previsto expresamente una reserva reglamentaria. 8. Los reglamentos ejecutivos son: a) Los que regulan materias en las que no se ha producido una previa regulación por ley y que no están protegidas por reserva material de ley. b) Los que desarrollan y complementan una ley. c) Los que dicta la Administración para hacer frente a riesgos extraordinarios, suspendiendo la vigencia de las leyes a las cuales contradicen mientras dure la situación de emergencia. d) Los que regulan materias sobre las que la Constitución española ha previsto una reserva reglamentaria. 9. De acuerdo con las clasificaciones doctrinales clásicas de los reglamentos, ¿cómo se denomina el reglamento que se dicta sin una habilitación o remisión específica de una ley? a) Reglamento ejecutivo. b) Reglamento independiente. c) Reglamento de necesidad. d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 10. Señala la respuesta incorrecta en relación con el reglamento de necesidad: a) El reglamento de necesidad implica la suspensión de la legalidad establecida. b) El reglamento de necesidad tiene carácter transitorio en el ordenamiento jurídico. c) El reglamento de necesidad sólo se puede dictar por razón de la concurrencia de circunstancias extraordinarias. d) El reglamento de necesidad tiene carácter de permanencia en el ordenamiento jurídico. 11. Señala la respuesta correcta: a) El reglamento independiente no puede abordar ni entrar a regular ningún ámbito normativo externo a la Administración. b) El reglamento de necesidad tiene una extensión temporal ilimitada y precisa de una norma posterior que lo derogue. c) El reglamento independiente necesita de habilitación normativa. d) El reglamento ejecutivo se denomina también reglamento praeter legem. 12. Las órdenes de funciones de los puestos de trabajo dictadas por los consejeros y consejeras son reglamentos: a) De necesidad. b) Independientes. c) Ejecutivos. d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 13. El Reglamento del Parlamento de las Illes Balears: a) No está subordinado a la ley, sino que está al mismo nivel de la ley. b) No es susceptible de recurso contencioso administrativo. c) A pesar de su denominación, no tiene naturaleza de disposición reglamentaria. d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 14. Se entiende por potestad reglamentaria: a) La facultad del Gobierno y de la Administración de crear normas jurídicas, incluidas las de carácter singular. b) La facultad del Gobierno y de la Administración de dictar disposiciones administrativas. c) La facultad del Gobierno y de la Administración de crear de normas jurídicas de carácter general, sometidas a la Constitución y a la ley. d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 15. De acuerdo con el artículo 97 de la Constitución Española: a) El Gobierno ejerce la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y los estatutos de autonomía. b) El Gobierno ejerce la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución, los estatutos de autonomía y el resto de leyes. c) El Gobierno ejerce la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes. d) El Gobierno ejerce la potestad reglamentaria con carácter exclusivo. 16. A quien corresponde el ejercicio de la potestad reglamentaria de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 128 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas? a) Al Gobierno de la nación y a los órganos de gobierno de las comunidades autónomas. b) Al Gobierno de la nación, a los órganos de gobierno de las comunidades autónomas y a los órganos de gobierno locales. c) Al Gobierno de la nación. d) Al Gobierno de la nación, a los órganos de gobierno de las comunidades autónomas, a los órganos de gobierno locales y a las entidades del sector público institucional. 17. El Estatuto de autonomía de las Illes Balears atribuye potestad reglamentaria: a) Al Gobierno de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con el artículo 57. b) A los consejeros. c) A los Consejos Insulares, de acuerdo con el artículo 58. d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 18. En cuanto a la potestad reglamentaria de las entidades locales: a) La Constitución no prevé ninguna referencia a la potestad reglamentaria de la Administración local, a pesar de que se entiende implícita en el artículo 122, al reconocerle autonomía para la gestión de sus intereses. b) La potestad reglamentaria de los entes locales en el ámbito de la comunidad autónoma de las Illes Balears está recogida en el artículo 106 de la Ley 20/2006, de 15 de diciembre, municipal y de régimen local de las Illes Balears. c) La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, atribuye a los municipios la potestad reglamentaria y de autoorganización. d) Las respuestas b) y c) son correctas. 19. ¿A qué se refiere el Tribunal Supremo en su sentencia de 17 de febrero de 1998, cuando dice que la ley, por sí misma, es insuficiente para regular la convivencia de la sociedad y la gestión de los intereses de la comunidad? a) Al fundamento de la función ejecutiva. b) Al fundamento de la potestad reglamentaria. c) Al fundamento de la Administración pública. d) Al fundamento de la función organizativa. 20. ¿Qué se entiende por inderogabilidad singular de los reglamentos? a) Que las resoluciones administrativas de carácter particular pueden vulnerar los reglamentos cuando procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general. b) Que las resoluciones administrativas de carácter particular pueden vulnerar los reglamentos únicamente cuando procedan del Gobierno en casos de extraordinaria y urgente necesidad. c) Que las resoluciones administrativas de carácter particular no pueden vulnerar las disposiciones reglamentarias a pesar de que aquéllas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general. d) Que la vulneración de una disposición de alcance general por una de carácter particular requiere acuerdo del Consejo de Ministros o del Consejo de Gobierno. 21. ¿Cuál de estas afirmaciones es la incorrecta? a) Existen materias que no pueden ser reguladas por normas reglamentarias. b) Un reglamento puede derogar una ley, siempre que no sea orgánica. c) Toda norma con rango de ley tiene fuerza derogatoria sobre cualquier reglamento. d) El reglamento es una norma general y abstracta, sin que se pueda referir a un sujeto concreto. 22. Al hablar de los límites formales de los reglamentos, se puede afirmar: a) Que el reglamento sólo está sujeto a la Constitución y a las leyes orgánicas por el principio de jerarquía. b) Que las relaciones entre la ley y el reglamento son de competencia y no de jerarquía. c) Que el reglamento está jerárquicamente subordinado a la Constitución y a la ley, de acuerdo con el artículo 97 de la Constitución y el artículo 128 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. d) Que no hay jerarquía normativa entre reglamentos. 23. Señala la respuesta correcta relativa al principio de jerarquía: a) El principio de jerarquía sirve para establecer reglas de resolución de conflictos entre leyes y reglamentos de un mismo subordenamiento jurídico. b) El principio de jerarquía sirve para establecer reglas de resolución de conflictos entre reglamentos de un mismo subordenamiento jurídico. c) Sólo la Constitución se impone jerárquicamente a cualquier norma, del rango que sea y de cualquier subordenamiento al que pertenezca. d) Las respuestas a) y b) son correctas. 24. ¿En qué artículo de la Ley 1/2019, de 31 de enero, de Gobierno de las Illes Balears, se recoge el orden jerárquico entre los reglamentos? a) En el artículo 30. b) En el artículo 40. c) En el artículo 48. d) En el artículo 50. 25. ¿Los principios generales del derecho operan como límite material de los reglamentos? a) Solamente los principios recogidos en el artículo 103 de la Constitución. b) Sí. c) No; los límites materiales de los reglamentos son la Constitución, los estatutos de autonomía y las normas con rango de ley. d) Sólo opera como límite el principio de no arbitrariedad de los poderes públicos. 26. Indica cuál de las siguientes materias puede regularse o establecerse mediante reglamento: a) Prestaciones patrimoniales de carácter público. b) Exacciones parafiscales. c) Infracciones administrativas. d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 27. Un reglamento que vulnere otro reglamento de rango superior: a) Puede ser convalidado. b) Es anulable. c) Es nulo de pleno derecho. d) Es nulo de pleno derecho; no obstante, el plazo para declarar la nulidad o impugnarlo es de un año, de acuerdo con lo que prevé la Ley 39/2017, de 30 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. 28. Indica cuál de las respuestas es la correcta: a) El reglamento que infringe la ley se considera en todo caso anulable. b) El reglamento que infringe la ley se considera en todo caso nulo de pleno derecho. c) El reglamento que infringe la ley se considera en todo caso validable. d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 29. La aplicación del régimen de nulidad absoluta o de pleno derecho como única causa de invalidez de los reglamentos implica: a) Que se puede declarar en cualquier momento, a instancia de parte o incluso de oficio por la propia Administración o por parte de los tribunales. b) Que requiere de la petición de las personas inmediatamente afectadas por la norma reglamentaria. c) Que el consentimiento de los afectados es intrascendente. d) Las respuestas a) y c) son correctas. 30. ¿Qué deben hacer jueces y magistrados ante un reglamento ilegal? a) Aplicarlo hasta que el Tribunal Constitucional declare su nulidad. b) No aplicarlo, ateniéndose a la obligación establecida en la Ley Orgánica del Poder Judicial de no aplicar los reglamentos o cualquiera otra disposición contrarios a la Constitución, a la ley o al principio de jerarquía normativa. c) Puede no aplicarlo, dada la independencia del poder judicial. d) No aplicarlo siempre que lo haya alegado la parte recurrente. 31. ¿Qué debe hacer un funcionario ante un reglamento ilegal? a) Aplicarlo hasta que el Tribunal Constitucional declare su nulidad. b) No aplicarlo, dado que los funcionarios están sujetos a la Constitución y a la ley. c) Aplicarlo si así lo impone una instrucción o una orden de servicio. d) Las respuestas b) y c) son correctas. 32. Las instrucciones dictadas por los órganos de la Administración: a) Han de ser publicadas. b) Vinculan directamente a los particulares. c) Su naturaleza jurídica es de acto administrativo. d) Pueden interpretar las leyes o los reglamentos. 33. ¿Es posible que un reglamento congele una materia, de tal manera que no pueda ser regulada posteriormente por una ley? a) Sí, en el caso de una materia reservada al reglamento. b) Si, cuando una norma con fuerza de ley así lo permita. c) No, porque los reglamentos sólo pueden desarrollar y complementar aquello que establecen las leyes. d) No, porque en nuestro derecho no existe el principio de reserva reglamentaria. 34. De acuerdo con el artículo 131 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, los reglamentos: a) Deben publicarse en el diario oficial que corresponda para que entren en vigor y produzcan efectos jurídicos. b) Sin perjuicio de que entren en vigor y produzcan efectos jurídicos desde el momento de su aprobación, pueden publicarse en el diario oficial que corresponda cuando se estime conveniente por razón de los destinatarios o de los efectos que puedan producirse. c) Únicamente pueden publicarse en el diario oficial correspondiente cuando una disposición específica así lo establezca. d) Sólo deben publicarse si se dictan en desarrollo de una ley y ésta así lo haya previsto. 35. ¿Se puede exceptuar mediante una resolución administrativa, a un contribuyente X concreto, de la aplicación de determinados preceptos del Real decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, por el cual se aprueba el Reglamento del impuesto sobre el valor añadido (IVA), para fomentar la inversión extranjera? a) Sí, por razones de interés general. b) No, porque lo impide el principio de inderogabilidad singular de los reglamentos, establecido en el artículo 37 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común. c) Si, porque el reglamento del IVA y la resolución de carácter particular tienen el mismo rango jerárquico. d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 36. En relación con el procedimiento de elaboración de los reglamentos, la Constitución dispone: a) Que la ley regula la audiencia de los ciudadanos, exclusivamente de manera indirecta a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley, en el procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas que los afecten. b) Que la ley regula la audiencia de los ciudadanos, necesariamente de forma directa, y nunca a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley, en el procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas que los afecten. c) La Constitución no contiene ninguna previsión en relación con la audiencia a los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas. d) Que la Ley regula la audiencia de los ciudadanos, directamente o a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley en el procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas que los afecten. 37. ¿En qué casos la Administración puede revisar de oficio las disposiciones administrativas nulas? a) En los supuestos previstos en las letras a, c, y f del artículo 47.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. b) En los supuestos previstos en el artículo 47.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. c) Sólo en el supuesto de que declaren la irretroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables. d) La Administración sólo puede revisar de oficio los actos nulos de pleno derecho, no los reglamentos. 38. Ante un reglamento ilegal, la Administración: a) Puede derogarlo, mediante la aprobación de un nuevo reglamento. b) Puede revisarlo de oficio, previo dictamen del Consejo Consultivo. c) Puede revisarlo de oficio, con audiencia previa e información pública. d) Las respuestas a) y b) son correctas. 39. La declaración de nulidad de un reglamento mediante revisión de oficio produce efectos: a) Ex tunc, sólo para los ciudadanos que hayan denunciado la ilegalidad del reglamento. b) Ex nunc. c) Ex tunc. d) Ex nunc, sólo para los ciudadanos que hayan denunciado la ilegalidad del reglamento. 40. ¿Qué norma es la que permite a los juzgados y tribunales del orden contencioso administrativo controlar la legalidad de las disposiciones generales de rango inferior a la ley? a) La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones públicas. b) Para cada comunidad autónoma, el estatuto de autonomía respectivo. c) La Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa. d) La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público.