TEMA 14

1. ¿Cuáles son, según la doctrina clásica, las formas de acción administrativa?
a) La actividad de fomento, la de policía, la de contratación y la de servicio público.
b) La actividad de fomento y la de servicio público.
c) La actividad de fomento, la de policía y la de servicio público.
d) La actividad contractual, la de policía y la de servicio público.

2. Indica cuál de las siguientes son características de los servicios públicos:
a) Tienen por objeto la satisfacción de un interés general y una necesidad de la colectividad.
b) Su régimen jurídico es de derecho privado.
c) Se rigen, entre otros, por los principios de continuidad, igualdad, neutralidad, variabilidad y generalidad.
d) Las respuestas a) y c) son correctas.

3. Señala la respuesta incorrecta. Para que una actividad se considere de servicio público, es necesario:
a) Que la preste directamente la Administración.
b) Que se trate de una actividad empresarial.
c) Que contenga una prestación positiva en beneficio de los particulares.
d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

4. En el ordenamiento jurídico español, el servicio público se ha definido en función:
a) De la persona jurídica que presta el servicio: los servicios públicos son gestionados directamente por la Administración.
b) De la titularidad del servicio: la titularidad del servicio público corresponde a la Administración.
c) De su inserción en el mercado: la actividad de servicio público se ejerce en régimen de libre competencia.
d) Las respuestas a) y b) son correctas.

5. Señala la respuesta correcta en relación con los servicios públicos y la Constitución española:
a) La Constitución define los servicios públicos como los servicios que presta la Administración y que responden al interés general de los ciudadanos.
b) La Constitución prevé la posibilidad de reservar servicios esenciales mediante una ley,  especialmente en caso de monopolio.
c) La Constitución prevé la posibilidad de establecer una asignación a las Comunidades Autónomas para garantizar un nivel mínimo en la prestación de los servicios públicos fundamentales, en todo el territorio español.
d) Las respuestas b) y c) son correctas.

6. En el ámbito de la Unión Europea, el concepto de servicio público se utiliza a menudo de manera ambigua; por eso, en general no se utiliza este término sino que se usa una terminología distinta. ¿Cuál es esta terminología?
a) Servicios de interés público.
b) Servicios de interés general.
c) Servicios de interés general comunitario.
d) Servicios públicos europeos.

7. De acuerdo con la Comunicación de la Comisión al Parlamento europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones de 2011 denominada Un marco de calidad para los servicios de interés general en Europa, cuáles son las categorías de servicios de interés general:
a) Servicios de interés económico general, servicios no económicos y servicios sociales de interés general.
b) Servicios de interés económico general y servicios sociales de interés general.
c) El concepto de servicio de interés general es único.
d) Servicios de interés económico general y servicios no económicos.

8. Los servicios de interés económico general:
a) Son servicios básicos que se prestan a cambio de una remuneración.
b) Pueden ser prestados por empresarios.
c) Están sujetos a las normas europeas de competencia y mercado interior.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

9. De acuerdo con la clasificación de los servicios de interés general efectuada por la Unión Europea, la educación y el sistema nacional de salud:
a) Son servicios sociales de interés general.
b) Son servicios de interés general no económicos.
c) No son servicios de interés general.
d) Pueden ser prestados por la Administración.

10. Los servicios que atienden las necesidades de los ciudadanos más vulnerables y que se basan en los principios de solidaridad e igualdad de acceso:
a) Son servicios sociales de interés general.
b) Son servicios de interés general no económicos.
c) No son servicios de interés general.
d) Se gestionan directamente por los poderes públicos.

11. Indica la respuesta incorrecta en relación con los servicios a los que se imponen obligaciones de servicio universal:
a) El servicio de telecomunicaciones tiene obligaciones de servicio universal.
b) El servicio universal se presta en condiciones de neutralidad tecnológica, con una calidad determinada y a un precio razonable.
c) Los servicios que tienen obligaciones de servicio universal son servicios cuya prestación se garantiza para todos los consumidores con independencia condicionada a su localización geográfica.
d) El servicio universal se presta en condiciones de neutralidad tecnológica, con una calidad determinada y a un precio asequible.

12. La Ley 11/2022, de 28 de junio, general de telecomunicaciones dispone:
a) Que las telecomunicaciones son servicios de interés general que se prestan en régimen de libre competencia.
b) Que el secreto de las comunicaciones es una obligación de servicio público.
c) Que las telecomunicaciones son servicios de interés general que se prestan en régimen de monopolio.
d) Las respuestas a) y b) son correctas.

13. La limpieza viaria y el alcantarillado son servicios públicos:
a) Competencia de los ayuntamientos, que han de prestarse mediante gestión directa.
b) Que los ayuntamientos pueden prestar mediante un contrato de concesión de servicios.
c) Que han de prestarse en régimen de monopolio.
d) Que los ayuntamientos pueden gestionar de forma directa o de forma indirecta.

14. De acuerdo con la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, señala cuál de los siguientes son servicios públicos que deben prestar los municipios con población superior a 5.000 habitantes:
a) Cementerio, protección civil y extinción de incendios.
b) Cementerio y transporte colectivo urbano de viajeros.
c) Cementerio y atención a personas en situación o riesgo de exclusión social.
d) Cementerio, abastecimiento domiciliario de agua potable, pavimentación de las vías públicas.

15. ¿Es posible que una Comunidad Autónoma delegue en un municipio servicios públicos de su competencia?
a) No, la competencia en cuanto a los servicios públicos es indelegable.
b) Sólo se pueden delegar servicios públicos en casos de urgente necesidad y para evitar duplicidades administrativas.
c) Sí, al objeto de evitar duplicidades administrativas, mejorar la transparencia de los servicios públicos y el servicio a la ciudadanía y, en general, contribuir a los procesos de racionalización administrativa, generando un ahorro limpio de recursos.
d) Sí, al objeto de evitar duplicidades administrativas, mejorar la transparencia de los servicios públicos y el servicio a la ciudadanía y, en general, contribuir a los procesos de racionalización administrativa a pesar de que no genere un ahorro limpio de recursos.

16. Los servicios públicos de gestión pública son:
a) Aquellos que no pueden ser objeto de prestación por particulares porque responden a la noción de función pública que ejerce la Administración pública institucional.
b) Aquellos que pueden ser objeto de prestación por particulares mediante alguna de las fórmulas previstas legalmente en materia de contratación.
c) Aquellos que pueden ser prestados al público en general a través del sector privado, aunque la prestación está sometida a una estricta reglamentación por parte de la Administración.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

17. ¿Es posible que la Administración del Estado delegue en un municipio servicios públicos de su competencia?
a) Sí, al objeto de evitar duplicidades administrativas, mejorar la transparencia de los servicios públicos y el servicio a la ciudadanía y, en general, contribuir a los procesos de racionalización administrativa, generando un ahorro limpio de recursos.
b) No, la competencia en cuanto a los servicios públicos es indelegable.
c) Sí, al objeto de evitar duplicidades administrativas, mejorar la transparencia de los servicios públicos y el servicio a la ciudadanía y, en general, contribuir a los procesos de racionalización administrativa a pesar de que no genere un ahorro limpio de recursos.
d) Sólo se pueden delegar servicios públicos en casos de urgente necesidad y para evitar duplicidades administrativas.

18. Señala el servicio público que no puede ser delegado por la Administración del Estado en los municipios:
a) Prestación de los servicios sociales.
b) Servicios postales.
c) Creación, mantenimiento y gestión de escuelas infantiles.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

19. Para crear servicios públicos, las entidades locales de las Illes Balears:
a) Deben acordar de manera expresa la creación del servicio público local.
b) Debe aprobarse un reglamento por el que se regule el servicio, si bien puede aprobarse con posterioridad al inicio de la prestación.
c) No es necesario que se acuerde expresamente su creación.
d) La aprobación de un reglamento que regule el servicio público sólo es exigible a los municipios de más de 50.000 habitantes.

20. De acuerdo con el Real decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local, los servicios públicos locales han de gestionarse:
a) Directamente.
b) Indirectamente.
c) Indirectamente, excepto los servicios que impliquen ejercicio de autoridad.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

21. De acuerdo con la Ley 20/2006, de 15 de diciembre, municipal y de régimen local de las Illes Balears, las formas de gestión de los servicios públicos locales son:
a) Gestión indirecta y gestión mixta.
b) Gestión directa y gestión mixta.
c) Gestión directa y gestión concertada.
d) Gestión directa y gestión indirecta.

22. La Ley 20/2006, de 15 de diciembre, municipal y de régimen local de las Illes Balears, dispone que los servicios públicos que impliquen ejercicio de autoridad:
 a) No pueden prestarse por gestión indirecta, excepto que se preste mediante sociedad mercantil de capital mixto.
b) No pueden prestarse por gestión indirecta ni mediante sociedad mercantil de capital social exclusivamente local.
c) Se pueden prestar indirectamente mediante sociedad mercantil de capital social exclusivamente local.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

23. En cuanto a la utilización de servicios públicos, ¿puede el Ayuntamiento de Palma establecer ventajas económicas en beneficio de los grupos sociales de menor capacidad económica, en cuanto a la utilización de servicios públicos?
a) No es posible, porque resulta contrario al principio constitucional de igualdad.
b) Sí; así lo prevé el artículo 21 del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears.
c) Sí, porque lo permite la Ley 20/2006, de 15 de diciembre, municipal y de régimen local de las Illes Balears.
d) No, está prohibido expresamente por la normativa comunitaria.

24. Indica cuál de las siguientes no es una forma de gestión directa de los servicios públicos:
a) Gestión por la propia Administración pública.
b) Gestión a través de un organismo autónomo.
c) Gestión mediante una entidad pública empresarial.
d) Gestión mediante una sociedad mercantil de titularidad privada.

25. De acuerdo con la Ley 20/2006, de 15 de diciembre, municipal y de régimen local de las Illes Balears, si un servicio público local se presta en régimen de monopolio, significa:
a) Que se trata de un servicio público esencial reservado mediante una ley a los entes locales.
b) Que un servicio público lo presta un único empresario.
c) Que se trata de un servicio público en el que no es posible la libre concurrencia.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

26. De acuerdo con la Ley 20/2006, de 15 de diciembre, municipal y de régimen local de las Illes Balears, para que un servicio público se preste en régimen de monopolio, se requiere:
a) El acuerdo del pleno por mayoría absoluta del número de miembros de la corporación presentes a la sesión, y la aprobación del consejo, que ha de otorgarse si concurren las circunstancias de interés público legitimadoras de la exclusión de la iniciativa privada o lo aconsejen razones de seguridad, salubridad u orden público.
b) El acuerdo del pleno por mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación y la aprobación del consejo, que ha de otorgarse si concurren las circunstancias de interés público legitimadoras de la exclusión de la iniciativa privada o lo aconsejen  razones de seguridad, salubridad u orden público.
c) El acuerdo del pleno por mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación y la aprobación del consejo, que ha de otorgarse sólo si concurren las circunstancias de interés público legitimadoras de la exclusión de la iniciativa privada.
d) El acuerdo del pleno por mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación y la aprobación del consejo, que ha de otorgarse sólo si lo aconsejan razones de seguridad, salubridad u orden público.

27. La gestión directa de un servicio público por parte de la Administración puede llevarse a cabo:
a) Mediante medios propios no personificados.
b) Mediante un organismo autónomo o una entidad pública empresarial.
c) Mediante medios propios personificados.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

28. En el caso de gestión directa de un servicio público con medios propios no personificados, ¿puede contar la Administración con medios privados?
a) Sí, siempre que la Administración ejecute la parte esencial del servicio y el empresario lo que resulte complementario.
b) Sí, en todo caso; el artículo 30 de la Ley de Contratos del Sector Público reconoce la ejecución directa de prestaciones por parte de la Administración pública con la colaboración de empresarios particulares.
c) No, si la colaboración es para atender a los usuarios de forma directa.
d) Las respuestas a) y c) son correctas.

29. Señala la respuesta incorrecta. Son formas de gestión directa de la Administración:
 a) El encargo a medios propios personificados.
b) La ejecución por una entidad pública empresarial.
c) La ejecución por un organismo autónomo dependiente.
d) La concesión de autorización o licencia a una entidad sin ánimo de lucro.

30. Para que un organismo autónomo ejecute un servicio público, se requiere:
a) Que la ley de creación así lo disponga.
b) Que subscriba un contrato con la Administración de la cual depende.
c) Que se le otorgue autorización o licencia para ejecutarlo.
d) Los organismos autónomos no pueden gestionar servicios públicos.

31. Los servicios públicos que implican ejercicio de autoridad han de ejercerse:
a) En régimen de libre concurrencia.
b) En régimen de monopolio.
c) En régimen de gestión directa.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

32. Indica cuál o cuáles de las siguientes no es un forma de gestionar indirectamente un servicio público:
a) El contrato de servicios a las personas.
b) La concesión.
c) El contrato de gestión de servicios públicos.
d) El concierto.

33. La gestión indirecta de servicios públicos puede llevarse a cabo:
a) Mediante un contrato de concesión de servicios.
b) Mediante un contrato de servicios que comporte prestaciones directas a la ciudadanía.
c) Mediante concierto, gestión delegada u otras modalidades reguladas a la legislación autonómica.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

34. Señala la respuesta incorrecta. El artículo 86 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, declara la reserva a favor de las entidades locales de algunas actividades o servicios esenciales:
a) Recogida, tratamiento y aprovechamiento de residuos.
b) Transporte público de viajeros.
c) Alumbrado público.
d) Abastecimiento y depuración de aguas.

35. La prestación por entidades privadas de servicios públicos destinados a satisfacer necesidades de carácter social, ¿está sometida a la normativa de contratación?
a) Sí; se trata de una relación contractual entre la Administración y un empresario, por lo cual está sujeta a la Directiva 24/2004/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública, y a la Ley 9/2017, de 30 de noviembre, de contratos del sector público.
b) No; la Directiva 2014/24 reconoce a los poderes públicos la libertad para prestar por sí mismos los servicios a las personas, y para organizarlos de forma que no sea necesario subscribir contratos públicos.
c) No; estos servicios quedan excluidos de la Ley de contratos del sector público de acuerdo con el artículo 11 y la disposición adicional cuadragésimo novena de esta Ley.
d) La satisfacción de necesidades de carácter social puede prestarse mediante un contrato de concesión de servicios o un contrato de servicios, o bien mediante otras fórmulas no contractuales, como el concierto.

36. ¿La prestación de servicios sociales por entidades privadas está excluida de la Ley de contratos del sector público?
a) Sí, siempre que se lleve a cabo sin necesidad de subscribir contratos públicos, a través de la simple financiación de estos servicios a todas las entidades que cumplan las condiciones previamente fijadas por el poder adjudicador, sin límites ni cuotas, y que el sistema mencionado se ajuste a los principios de transparencia y no discriminación.
b) No, la Ley de contratos del sector público regula dos tipos de contratos mediante los cuales se prestan servicios sociales o a las personas: el contrato de servicios y el de concesión de servicios.
c) Sí, siempre que se lleve a cabo a través de concesión de licencias o autorizaciones a todas las entidades que cumplan las condiciones previamente fijadas por la Ley sin límites ni cuantías.
d) Sí, siempre que se lleve a cabo sin necesidad de subscribir contratos públicos, a través, entre otros medios, de la simple financiación de estos servicios o la concesión de licencias o autorizaciones a todas las entidades que cumplan las condiciones que el poder adjudicador haya fijado previamente, sin límites ni cuotas, y que el sistema mencionado garantice una publicidad suficiente y se ajuste a los principios de transparencia y no-discriminación.

37. En el ámbito de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, ¿qué ley  regula la acción concertada de servicios sociales a las personas?
a) La Ley 3/2018, de 29 de mayo, del tercer sector de acción social.
b) La Ley 12/2018, de 15 de noviembre, de servicios sociales a la comunidad autónoma de las Illes Balears.
c) La Ley 3/2018, de 29 de mayo, del tercer sector de acción social de las Illes Balears.
d) La Ley 12/2018, de 15 de noviembre, de servicios a las personas en el ámbito social a la comunidad autónoma de las Illes Balears.

38. El régimen de acción concertada se define, en la Ley 12/2018, de 15 de noviembre, de servicios a las personas en el ámbito social en la comunidad autónoma de las Illes Balears, cómo:
a) La prestación por terceros de servicios sociales incluidos en la cartera de servicios sociales recogidos en la cartera común del Sistema Nacional de Ocupación, en los que la financiación, el acceso y el control administrativo son públicos.
b) La prestación por terceros de servicios sociales incluidos en la cartera de servicios sociales y el servicio de orientación profesional recogido en la cartera común del Sistema Nacional de Ocupación, en los cuales la financiación y el control administrativo son públicos.
c) La prestación por terceros de servicios sociales incluidos en la cartera de servicios sociales y del servicio de orientación profesional recogido en la cartera común del Sistema Nacional de Ocupación, la financiación, el acceso y el control administrativo de los cuales son públicos.
d) La prestación por terceros de servicios sociales incluidos en la cartera de servicios sociales y el servicio de orientación profesional recogido en la cartera común del Sistema Nacional de Ocupación, y en los cuales el acceso y el control administrativo son públicos.

39. La acción concertada con terceros para la prestación a las personas de servicios sociales se ajustará a los principios siguientes:
a) Solidaridad, transparencia, eficiencia presupuestaria, subsidiariedad, participación, publicidad, calidad asistencial y no discriminación.
b) Subsidiariedad, igualdad, eficiencia presupuestaria, transparencia, intencionalidad social y ambiental, calidad asistencial y libre elección de las personas usuarias.
c) Subsidiariedad, solidaridad, eficiencia presupuestaria, transparencia, intencionalidad social y ambiental, calidad asistencial y libre elección de las personas usuarias.
d) Subsidiariedad, igualdad, eficiencia presupuestaria, solidaridad, no discriminación, transparencia, publicidad, intencionalidad social y ambiental, participación, calidad asistencial y libre elección y arraigo de las personas usuarias.

40. ¿Cuál o cuáles de los servicios siguientes pueden ser objeto de concierto,  de acuerdo con la Ley 1272018, de 15 de noviembre, de servicios a las personas en el ámbito social en la comunidad autónoma de las Illes Balears?
a) Los servicios administrativos de administración general.
b) Los servicios de inserción laboral.
c) Los servicios de ayuda a domicilio para personas en situación de dependencia.
d) Las respuestas b) y c) son correctas.